Política del Estado y de los grupos dominantes para enfrentar la cuestión criminal. El núcleo de la Política Criminal es la lucha contra el crimen, no debiendo quedar restringida al área judicial o del Derecho Penal, sino que debe extenderse a los medios preventivos y represivos del Estado.
La Política Criminal en cuanto disciplina que suministra a los poderes públicos las opciones científicas concretas más adecuadas para el eficaz control del crimen, ha servido de puente entre el Derecho Penal y la Criminología, facilitando la recepción de las investigaciones empíricas y su transformación en preceptos normativos.
El camino acertado sólo puede consistir en dejar penetrar las decisiones valorativas político-criminales en el sistema del Derecho Penal, en que su fundamentación legal, su claridad y legitimación, su combinación libre de contradicciones y sus efectos no estén por debajo del sistema positivista formal. La vinculación del Derecho y la utilidad político criminal no pueden contradecirse, sino que tienen que compaginarse en una síntesis.
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